La CEOE considera inadmisible la convocatoria de una huelga vinculada al acceso a la vivienda porque, a su juicio, no responde a una reivindicación de naturaleza laboral. La organización empresarial estudia emprender acciones legales contra la iniciativa.
La patronal acusa a los sindicatos de trasladar a las empresas el coste de una medida de presión política. Frente a esta posición, el Ministerio de Trabajo defiende la convocatoria.
El debate se centra así en si una huelga relacionada con la vivienda puede encuadrarse dentro de la acción sindical y asumir sus posibles costes empresariales, o si, como sostiene la CEOE, se trata de una movilización de carácter político ajena al ámbito laboral.
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